Una muestra de arbitrariedad judicial

¿Puede una simple similitud de indumentaria destruir la presunción de inocencia?

Alguien dijo una vez que “entre el acto del juicio y la sentencia hay un elemento irracional: el juez”.
Lástima no poder recordar de quien proviene esa cita, pues al recibir la sentencia de la que voy a hablar aquí, es lo primero que me vino a la cabeza.

Antes de proseguir, aclarar que este post es la continuación de “¿Cómo defender un hurto si ha sido grabado?“( La defensa de un hurto grabado ), así que lo ideal sería poder leerlo antes.

En resumidas cuentas, mi cliente fue para mi sorpresa condenado, en base únicamente a una similitud de indumentaria presente entre el sujeto que se percibe en el vídeo de las cámaras de seguridad y mi representado. Se alegó que se trataba de una indumentaria especial y muy característica, que sólo podía llevar una persona en concreto, y no la juventud en general, como alegó esta defensa.

Como mencioné en el post de cómo defender un hurto que ha sido grabado, en el acto del juicio oral, no fueron citados los policías que elaboraron el atestado para su ratificación, prueba crucial para la acusación, pues dichos policías fueron quienes aseguraron que reconocían sin ningún género de dudas al acusado, reconocimiento sin duda como mínimo sorprendente al no distinguirse rasgos faciales en el sujeto presente en las grabaciones.
Aun confiando en la visionaria capacidad de los policías, sin su ratificación en el plenario, dicha prueba carece de efecto probatorio, como ya sabemos. Ante eso, sólo quedaba el hecho de la similar indumentaria que presentaba mi representado el día de su detención con el sujeto que aparece en el vídeo de las cámaras de seguridad del local, similitud en todo caso algo superflua por tratarse de unas grabaciones en blanco y negro, por lo que resultaba del todo imposible contrastar las tonalidades de ambas indumentarias.

No siendo posible la comparación de las tonalidades, y menguando así cada vez más los posibles indicios incriminatorios, el juez se basó en el símbolo de la marca de la sudadera, y en que el sujeto era portador de una gorra.

No obstante, y así se hizo saber en el plenario, el hecho de portar una sudadera y una gorra no constituye en absoluto una indumentaria especial o característica, sino más bien creemos que todo lo contrario. Además, el juez añade que en la sudadera se aprecia el símbolo de una marca, y es precisamente este último detalle el que utiliza para enervar la presunción de inocencia. Una vez más, ya se hizo constar en el plenario que nada de extraordinario tenía aquella conocida marca de ropa, puesto que desde hacía años era altamente común, y sobre todo, entre la juventud.

A pesar de la evidente similitud de la sudadera, está convencida esta parte que esta semejanza de vestimenta no puede adulterar la presunción de inocencia, y más teniendo en cuenta que dicha prueba, constituye la única interpretada de cargo por el juzgador.  Existe jurisprudencia que refleja esta idea como por ejemplo la sentencia 74/2013 de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 11 de marzo, que trata un supuesto muy similar en los siguientes términos:

“Por otra parte, el robo se cometió por una persona encapuchada y “de color”, factores ambos que dificultan la identificación, sin que la vestimenta pueda ser factor decisivo por la uniformidad que presenta entre jóvenes de una misma edad y aficiones o grupo social. El chándal con capucha es prenda de uso común y los colores se repiten”.

Y ahora viene mi pregunta: ¿Puede una simple similitud en la vestimenta como ésta, ser suficiente para que decaiga la presunción de inocencia? ¿Qué valor identificativo puede tener dicho indicio?

No obstante, ahora se avecinan ciertos datos plasmados en la Sentencia cuanto mínimo arbitrarios e inauditos.

Cito textualmente: “El acusado llevó a cabo su acción con una indumentaria muy característica y especial, utilizando para ello pantalones oscuros, gorra roja con una inscripción blanca en un lateral, y especialmente, una sudadera roja con una marca publicitaria muy significativa en blanco, con bolsillos y capucha”.

Y frente a estas líneas me pregunto sobre la desconcertante capacidad del juzgador para llegar a extraer tonalidades de una grabación en blanco y negro. Sin duda nos hallamos ante verdaderos iluminados de las pruebas vídeo gráficas, capaces de extraer datos que nadie más sería capaz de percibir. Para más inri, en el acto del juicio, el Ministerio Fiscal preguntó expresamente a la denunciante sobre el color de las grabaciones de las cámaras de seguridad, a lo que está textualmente respondió: “son en blanco y negro, porque la cámara de seguridad graba siempre así”.

Y es con este único y simple dato sobre las vestimentas, que el juez dicta una sentencia condenatoria. Dato encima contaminado por invenciones sobre colorido, y que apenas ocupa un párrafo de la sentencia.

Termino expresando que en mi opinión, dicho sea con todos los respetos, nos hallamos frente a un claro ejemplo de arbitrariedad judicial, con condena con una prueba totalmente inexistente.

En efecto, qué cierta es esa anónima frase… Entre el juicio y la sentencia hay un elemento irracional: el juez.

ACE

¿Cómo defender a alguien “culpable”?

“Nuestro oficio es : ¿Hacer triunfar a la Justicia o a nuestro cliente? ¿Iluminamos al Tribunal o procuramos cegarle? “

Esta es la adivinanza que planteó Angel Ossorio en “El Alma de la toga” (1922) respecto al dilema moral que puede plantearse al defender a quien se confiesa bajo secreto profesional como culpable.
Pues bien, puedo afirmar que la pregunta más común que le suelen a hacer a un abogado que se dedica al Derecho Penal versa sobre cómo es posible que pueda defender a alguien que sabe que es culpable, sin tener remordimientos de conciencia. “Yo no podría hacerlo“, añaden.

De la misma manera que puedo afirmar que esa es la pregunta más común, la respuesta más frecuente a esa interrogación suele ser: “Pues porque todo el mundo tiene derecho a una defensa“. Ciertamente, cuando se nos pregunta eso, se espera de nosotros otro tipo de respuesta, ya que esa afirmación nunca se considera suficiente, y es precisamente esa otra clase de respuesta la que intentaré proporcionar hoy en estas líneas.

No entraré en el amplio concepto que engloba la “culpabilidad”, ni tampoco en el de “la verdad”. No obstante, es cierto que en la mayoría de casos el cliente nunca te manifiesta que es culpable, así, dicho con esas palabras. Pero es que ahí precisamente subyace el núcleo del asunto: el trabajo del abogado no es creer si la persona es o no culpable. El deber del abogado consiste únicamente en garantizar a su defendido un juicio con todas las garantías. Y llegados a este punto, es cuando la gente va más allá y manifiesta: “Hay gente que por lo que ha hecho, no merece ni tener garantías”. Primer gran error. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho en el que todas y cada una de las personas tenemos garantías, y sólo proporcionando juicios justos, podrá imponerse un castigo legítimo y proporcional.

La ausencia de abusos y desproporcionalidad es fundamental, a pesar de que efectivamente se haya cometido un delito. No pondré como ejemplos los supuestos en los que un inocente, por una mala defensa, o por una falta de garantías procesales haya terminado en prisión, ya que sería optar por lo obvio.

Pondré un ejemplo real, como siempre:

Actualmente, en el despacho llevamos el caso de un cliente que supuestamente condujo con altos niveles de alcohol en sangre, por lo que acabó detenido por constituir un delito contra la seguridad vial. Pues bien, nuestro cliente llega a comisaría, y a pesar de que pide repetidas veces llamar a su abogado, la Policía decide hacerle caso omiso. Pero no todo acaba ahí, sino que para más inri, deciden falsificar la firma del cliente en la supuesta lectura de derechos que se debe siempre entregar a cualquier detenido para que conozca cuáles son sus derechos. Por azares de la vida, a este cliente cuando lo metieron en la celda, no le quitaron el móvil, por lo que él, a las tres de la mañana, consiguió ponerse en contacto con un familiar para que llamase a su abogado. Con todo esto, a las cuatro de la mañana, pudo efectivamente contar con la presencia de su abogado, pero no por que los Policías hubiesen realizado correctamente su trabajo.

¿ Por qué defender a alguien “culpable”? Para velar por que no se vulneren sus derechos, simplemente. El cliente del caso que acabo de narrar TENÍA DERECHO a llamar a su abogado por encima de todas las cosas, y le fue negado ese derecho esencial.

Supongo que a cualquier persona le gustaría saber que, cuando es detenido, nadie le puede arrebatar arbitrariamente esa serie de derechos con los que todos contamos. Y contamos con esas garantías, porque sino, no viviríamos en un Estado de Derecho. Estaríamos hablando de otra clase de Estado. Sin esas garantías, el Estado de Derecho se hundiría. Es por lo que el derecho de defensa es y debe ser sagrado. Son precisamente esos derechos los que defendemos, casi más que al propio procesado.
Las leyes ya están hechas. Nosotros sólo nos encargamos de una pequeña gran parte: hacer que se apliquen correctamente. Otro breve ejemplo algo más complejo y probablemente  más controvertible: un cliente acusado por un delito de incendio, lesiones, y tentativa de robo con violencia. Pues bien, fue efectivamente condenado. No obstante, se pretendió castigarle utilizando la misma agravante dos veces: por un delito intentado de robo con violencia agravado por uso de instrumento peligroso ( gasolina y mechero) (art. 242.3 CP) y además por un delito consumado de lesiones agravado también por uso de instrumento peligroso (fuego). Lo que se sostuvo aquí es que se vulneró el principio constitucional de “non bis in idem” (No se puede castigar dos veces por lo mismo).

Por eso es crucial el derecho de defensa, para evitar ese tipo de situaciones desproporcionadas, ya que no sólo se está condenando al procesado, sino que se le está aplicando una pena mayor de la que le correspondería.

Si fuésemos investigados, a todos nos gustaría comprobar que el sistema funciona correctamente, y que existe una profesión cuya función es la de asegurar, velar por nuestros derechos, puesto que sino viviríamos en una sociedad aterrorizada. Precisamente por eso, un penalista por supuesto puede dormir por las noches, por que además su labor es esencial para la sociedad en la que vivimos, ¿Quién sino garantizaría y velaría por los derechos que a todos nos corresponden?

Al fin y al cabo, todos podemos cometer errores, y es por lo que el trabajo de un penalista no es defender culpables o inocentes, es simplemente defender personas acusadas.

ACE.

 

La defensa de un hurto grabado

El hecho de que el cliente comience contando que los hechos fueron grabados por cámaras de vídeo vigilancia, no es desde luego la manera más alentadora de comenzar a tratar un asunto.

No obstante, casi nunca todo es tan malo como parece. Relataré el caso de forma breve para posteriormente explicar cómo se llevó a cabo la defensa de este hurto.

Un 19 de noviembre de 2015, nuestro cliente presuntamente entró en una peluquería y aprovechando el descuido de la jefa, quien accedió un instante a la parte trasera del establecimiento, se aproximó a la caja, y sustrajo 140€, huyendo acto seguido del local. Así pues, la dueña de la peluquería al contar posteriormente el dinero, se percató de que faltaba una cierta cantidad, a lo que preguntó a sus empleadas, quienes manifestaron que nada sabían al respecto. Ante esto, decide examinar las grabaciones de sus cámaras de vídeo vigilancia, en las que claramente se percibía a un individuo aproximándose a la caja y sustrayendo dinero de la misma. No obstante, no se llega a percibir en ningún momento los rasgos faciales, puesto que al portar una gorra, esta le tapaba el rostro. Se podía sin embargo percibir una sudadera con el logo de una conocida marca, y una mochila.

Tras interponer la pertinente denuncia, esta termina archivándose por autor desconocido. No obstante, tras examinar los fotogramas del vídeo, la Policía alega que reconoce sin ningún género de dudas al autor, siendo este nuestro cliente. Añade además el Instructor, que conocen sobradamente al autor como responsable de hechos delictivos similares.

Ante dicho reconocimiento, la Policía procede a la detención del presunto autor, dando la fatal casualidad de que un mes después, en el momento de la detención, era portador de exactamente la misma indumentaria que el día de los hechos, según la Policía, por lo que en comisaría proceden a realizar varias fotografías con la finalidad de que quedase constancia de la vestimenta de la que era portador el detenido.

Pues bien, afortunadamente para esta defensa, los Policías no fueron citados por el fiscal al juicio, y esta fue la clave de la defensa:

Es reiterada jurisprudencia la que manifiesta que no basta con que la actuación policial se haya seguido según el protocolo que exige la legislación vigente, sino que es preciso que aquellos que intervinieron en ella, ratifiquen el atestado en el plenario. A modo de ejemplo, fue citada la interesante sentencia 338/2014, de 28 de abril. Igualmente se apoyó esta defensa en la doctrina del Tribunal Constitucional, sentencia 11 mayo 2009, por ejemplo, al alegar que el atestado policial únicamente viene valor de denuncia, tal y como se desprende del art. 297 lecrim, de tal modo que no basta para que se convierta en prueba con que se reproduzcan en el plenario las manifestaciones hechas por la Policía en el atestado, siendo preciso que sean reiteradas y ratificadas en el juicio oral.

Sin género de dudas, las manifestaciones hechas por la Policía en el atestado, hubiesen constituido la prueba reina de la acusación, pero el fiscal se quedó sin ella. No obstante, carecen de valor probatorio al no ser ratificadas en el plenario. No constituyen una prueba. Aparte de todo, su presencia hubiese sido necesaria para garantizar el siempre necesario derecho a la contradicción (principio jurídico fundamental que se basa en la necesidad de una dualidad de partes que sostienen posiciones jurídicas opuestas)

Además de lo hasta ahora mencionado, esta defensa alegó que las imágenes carecían de valor identificativo, puesto que no se llegaba a percibir el rostro. La única similitud que existía era una parecida indumentaria, a lo que el fiscal intentó agarrarse, manifestando que el símbolo de la marca era bastante peculiar y reconocible. No obstante, algo positivo tenía que tener ser joven e inexperta: conocer sobradamente esa marca de ropa y su logo, y saber que nada tiene de peculiar y raro ese símbolo, puesto que es extremadamente común y sobre todo, entre gente joven.

Por lo tanto, en ningún caso consideraba esta defensa que la coincidencia de la marca de la sudadera pudiese desvirtuar la presunción de inocencia, y tampoco consideró que la responsabilidad del acusado hubiese quedado acreditada con el grado de certeza exigido en el proceso penal: más allá de toda duda razonable.

Visto para sentencia.

Si os interesa la materia, hay un polémico caso de un supuesto de asesinato que fue grabado con las cámaras de vídeo vigilancia de un establecimiento privado, prueba que el TSJ de Cataluña consideró nula, por estimar que las cámaras enfocaban a la vía pública (cuando la norma administrativa no lo permite), y se consideró en la STC  sentencia  11/2011, de 5 de mayo que sí se vulneró el derecho fundamental del acusado a la protección de su imagen.

ACE.

 

 

El agente infiltrado digital y el agente provocador

Con la nueva reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, se han incluido una serie de medidas enfocadas a la investigación tecnológica; hecho sin duda positivo, pues ya nos hallábamos con normas obsoletas para nuestro cada vez más informatizado presente, o simplemente con vacíos legales.

Gracias a un podcast del blog de David Maetzu, experto en derecho tecnológico, en el que cuenta con la presencia de Jorge Bermudez, fiscal experto en delitos informáticos, empecé a descubrir lo que era un agente infiltrado digital. Pues bien,una de las importantes medidas adoptadas con la reforma versa precisamente sobre la aprobación del llamado “agente infiltrado digital“. ¿Qué es exactamente ser un agente infiltrado digital? Es una figura algo distinta a la del agente encubierto tradicional. Podríamos decir que el digital actúa como un testigo. Hace exactamente lo mismo que hacemos el resto de personas presentes en Internet; esto es utilizar un nick, un pseudónimo, para no revelar la identidad, con el fin de realizar averiguaciones. El agente encubierto digital no utiliza un nombre falso, simplemente no revela su verdadera identidad, que normalmente es la de Policía.

¿Qué utilidad tiene esto en la Red?

El origen de esta reforma, según Jorge Bermudez, surge a raíz de un problema que está continuamente presente en foros de pederastia. En este tipo de foros, se exige para ingresar, demostrar que somos uno de ellos y ¿cómo avalar esto? La “contraseña”, la prueba de fuego que hay que superar es la aportación de material pornográfico de cosecha propia. (archivo ilícito)
Pues bien, lo que sucedía antes de la reforma es que no existía cobertura penal para acceder a la parte oculta de estos foros, puesto que no era posible enviar archivos de este tipo, por ser ilícitos.
La parte visible de estos foros es la que todos a simple vista podríamos percibir si entrásemos. No obstante, en esa faceta visible a todos, la Policía no encontrará material para probar un ilícito penal. No se percibirá nada penalmente relevante. Lo penalmente relevante está en la cara de detrás, en la camuflada. De ahí la importancia para los investigadores de poder pasar esa barrera y acceder al verdadero contenido del foro.

Es igualmente relevante la cobertura legal que se ha creado para que el agente encubierto pueda lícitamente mandar y recibir archivos ilícitos (fotos y vídeos en los que aparecen menores practicando actos sexuales, por ejemplo). El hecho de actuar con archivos ilícitos antes no era legal, y es claramente una conducta necesaria para poder realizar las pertinentes investigaciones. Así pues, el artículo 588 ter e 2 establece que “el agente encubierto electrónico podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos, siendo posible en tal caso el análisis de los algoritmos asociados a dichos archivos”.

Jorge Bermúdez relata un caso real de un famoso pederasta, que buscó a quien creyó ser un menor, sin saber que en realidad se trataba de un guardia civil. Lo interesante aquí radica en que su defensa alegó, sin éxito, que se había utilizado a un agente provocador y que era una figura ilícita. ¿Qué es un agente provocador, y qué diferencias tiene con el agente encubierto? 

Existe una clara distinción entre la herramienta procesal del agente encubierto (normalmente un policía que oculta su calidad de agente de las fuerzas de seguridad para investigar o prevenir un delito) y el agente provocador (que hace nacer la voluntad en quien antes no la tenía, con la finalidad de someter a su autor a la justicia). Es decir que la diferencia esencial entre ambas figuras, es que el agente encubierto se aprovecha de las facilidades que le brinda alguien que ya estaba predispuesto a cometer un hecho delictivo antes de que él llegase, mientras que el agente provocador sí que genera el dolo delictivo en quien no lo tenía.

No obstante, aunque hubiese sido cierto de que en el caso del pederasta se hubiese utilizado a un agente provocador, es dudosa la constitucionalidad de esta figura, existiendo diversas opiniones al respecto.

ACE

Reflexiones sobre un curioso caso de “receptación”.

El delito de receptar, para aquel que lo desconozca, consiste en ocultar, encubrir o aprovecharse de un delito anterior. Un ejemplo bastante gráfico y común sería el de comprar un móvil a bajo precio, a sabiendas de que es robado. A este delito se le llama “receptación“. El artículo 289 del Código Penal lo expone en los siguientes términos:

“El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”

Pues bien, hoy planteo un curioso caso de receptación, que introduzco a continuación:

Nuestra clienta es una persona que se dedica a trabajar con ONGs, realiza continuamente talleres de ayuda al desfavorecido, al extranjero, talleres en centros penitenciarios etc. Un buen día, un conocido de su barrio de nacionalidad búlgara, a sabiendas de que ella andaba en busca de un ordenador, le ofrece uno por 80€. Ella acepta, con la condición de quedar antes para probar que funcione. Una vez producido ese encuentro para comprobar el funcionamiento del ordenador, ella efectivamente lo adquiere por 80€. No obstante, días más tarde, al comenzar a trabajar con él, descubre que contiene una serie de fotografías y documentos de otra persona, en concreto de un chico llamado Pedro. Es al descubrir esa cantidad de documentos, cuando empieza lógicamente a interrogarse sobre la real procedencia del ordenador.
Al día siguiente, y aquí viene lo curioso del caso, ve al lado de su casa, al supuesto chico de las fotos y documentos del ordenador, a lo que se dirige a él averiguando: ¿Eres tú Pedro? Al responder éste de forma afirmativa, ella alega: “os han robado el ordenador ¿verdad?” Ella explica que se lo ha vendido un búlgaro por 80 euros, y que le gustaría al menos poder recuperar lo que ella ha pagado por él, para no perder el dinero. El chico acepta y quedan así para el día siguiente. No obstante, el chico había dado aviso a la policía, por lo que en el momento de hacer la entrega del ordenador, la policía intervino y detuvo a nuestra clienta, acusada por un presunto delito de receptación.

Paralelamente, Pedro había denunciado por un robo con fuerza en su domicilio, en el que le sustrajeron varios objetos electrónicos, entre ellos el ordenador.

Así pues, nuestra cliente fue denunciada por un delito de receptación en su modalidad agravada, por considerarse que destinó al tráfico el objeto receptado (pues intentó revender el bien). En su apartado segundo, el artículo 298 manifiesta “Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. El juzgado que instruyó el caso, alega que le llama poderosamente la atención la tan improbable casualidad de encontrarse con la persona propietaria del ordenador, reconocerlo sólo por las fotos, y para más inri, dirigirse a él como aquí sucedió. El ministerio fiscal, pide actualmente 22 meses de prisión.

Debíamos distinguir siempre hasta ahora en cualquier caso de receptación, la diferencia entre una receptación procedente de un delito, y la procedente de una falta. Partimos de que la receptación constituye siempre un delito, pero si el bien receptado procede de una falta, la receptación únicamente se penaría en el caso de concurrir habitualidad. El concepto de habitualidad precisa un mínimo de 3 veces. En otras palabras, para condenar por un delito de receptación procedente de una falta, se exige que el receptador, haya cometido esa misma acción al menos 3 veces. En el caso de que fuese la primera vez, o incluso la segunda, la conducta resultaría pues atípica (no se penaría).

Pues bien, en este caso que nos ocupa, la acusada adquirió un ordenador de 8 años, tasado pericialmente en 100 euros. No obstante, como ese objeto provenía de un robo con fuerza, ya que, además del ordenador, fueron sustraídos una serie de objetos electrónicos que conjuntamente sobrepasaban de lejos los 400 €, mediante escalamiento, la receptación que se le imputa a la investigada es una receptación procedente de un delito y no de una falta.

Las reflexiones que personalmente me hago, y que me gustaría plantear en la vista oral, son las siguientes:

  • Cierto es que el ordenador provenía de un robo con fuerza. Y en el hipotético caso de que la acusada efectivamente tuviese conocimiento del origen ilícito del objeto, no podría aun así saber que conjuntamente con el ordenador, se hubiesen sustraído más bienes. No obstante, por exclusivos motivos de política criminal, a pesar de que la acusada no pudiese saber que dicho ordenador provenía de un delito de robo con fuerza, se le castiga igual que si lo hubiese sabido.
    Es comprensible por un lado, ya que el fundamento de dicha política criminal es evidentemente evitar que se destinen al comercio, los bienes que han sido obtenidos mediante ilícitos, ya que sin la figura del receptador, no sería posible. No obstante, opino que nunca está de más plantear al tribunal cualquier razonamiento jurídico si es sensato, aunque posteriormente no lo vayan a tener en cuenta. Me gustaría plantear lo injusto que resulta para el reo,  y que atenta contra varios principios constitucionales, como el de culpabilidad. ¿Debería ser legítimo utilizar este criterio de sanción? Si la persona acusada desconocía que el objeto provenía de un robo con fuerza, ¿porqué castigarle como si lo supiera?
  • En segundo lugar, a nuestra cliente se le pretende aplicar la agravante por tráfico. Es decir, que se le pretende imponer la pena en su mitad superior por considerar que pretendía traficar (vender por ejemplo) el objeto receptado. No obstante, debemos tener claro a qué se le considera traficar: ¿Se considera tráfico pedir en una ocasión, el mismo dinero por el que se ha adquirido el objeto? ¿Se considera tráfico esa acción aislada?
    En mi opinión, y según he podido comprobar, existe un sector doctrinal que precisa que exista un importante volumen de negocio con repercusión social; en tanto que otro sector doctrinal exige que haya una intención de comerciar de modo pseudo-profesional, porque de lo contrario, carecería de sentido la agravante, por castigarse ya en el tipo básico el ánimo de lucro. Es decir, que una sola venta aislada no constituiría  un indicio de la intención de traficar.

Se intentará pues, en el acto del juicio, la absolución por no cumplir los requisitos del tipo, al no poder demostrarse que la acusada tuviese conocimiento de que el ordenador tuviese un origen ilícito. No obstante, subsidiariamente, en el caso de que la acusada sea condenada por un delito de receptación, se procurará retirar la agravante de tráfico.

ACE

 

 

El testigo hostil

¿Qué hacer frente a un testigo hostil (testigo contrario a nuestros intereses)?

Podemos enfrentarnos a dos posibilidades:

1.- Sabemos con anterioridad al juicio, el testigo que aportará la otra parte.
2.- No sabíamos que ese testigo iba a ser llevado a juicio,
como en el caso que expondré.

En ambos casos, nuestra misión será intentar desacreditar al testigo ante el juez para invalidar su declaración. Es decir, que el juez perciba que ese testigo no es una persona merecedora de confianza. ¿Cómo lograr esto? Empecemos por la posibilidad uno (sabemos con anterioridad al juicio el testigo al cual nos enfrentamos):

1.- Deberemos indagar lo máximo posible sobre dicho testigo. Quizá de entre toda esa información que hemos reunido, logremos sacar algo para desacreditarlo ante el juez. Imaginemos que averiguamos que esa persona tiene antecedentes penales, o que en una ocasión fue condenado por falso testimonio, por ejemplo, podría constituir una ayuda sacarlo a relucir en el juicio para ayudar a minar la imagen y credibilidad del testigo.

2.- Perfectamente puede ocurrir que no encontremos ningún dato que nos ayude a desacreditar al testigo o que encontremos poca cosa. ¿Qué podemos hacer entonces? Esperaremos nuestro turno de interrogar al testigo, y sólo y sólo si creemos que podemos lograr algo positivo, intentaremos poner de manifiesto que el testigo podría no estar tan seguro de su versión. ¿Cómo?

  • Intentando acreditar una limitación sensorial por edad, problemas de audición, o visuales.
  • Dificultades ambientales para poder percibir lo que dice haber visto u oído (ejemplo: era de noche, no había prácticamente iluminación etc).
  • Intentar hacer uso del lapso de tiempo que ha pasado desde la comisión de los hechos hasta el día del juicio.
  • Tratar de servirnos de posibles problemas de entendimiento del testigo, provocados por el idioma, control del tiempo etc.
  • Hacer uso de la llamada “psicología del testimonio”. Hacer ver que la memoria del testigo no es infalible, que pueden existir fallos involuntarios de memoria, es decir, que el testigo puede recordar cosas, o incluso a personas, que en realidad no eran reales. (Ejemplo: asistí a un juicio en el que el testigo estaba seguro de que fue A quien arrojó a una persona a las vías del tren, y luego quedó acreditado que no fue A, pese a la seguridad con la que afirmó el testigo.

3.- Si vemos que no existe forma de atacar a un testigo hostil, no deberemos nunca arriesgarnos, no forcemos el interrogatorio ya que fácilmente puede volverse en nuestra contra. Digamos simplemente “No hay preguntas, Señoría”.

Si por el contrario, la asistencia de un testigo nos pilla por sorpresa, ¿qué deberemos hacer? Tendremos que interrogar minuciosamente a la otra parte (preguntando muchos detalles) y luego interrogaremos al testigo muy meticulosamente, realizando preguntas muy similares, con el fin de sacar a relucir posibles contradicciones entre las versiones. Pondré un ejemplo:

En un juicio como acusación por un delito de coacciones, la otra parte aportó un testigo falso. El testigo en cambio, afirmó haber estado presente durante todo el día de los hechos. Tras interrogar cuidadosamente a ambas partes para posteriormente buscar contradicciones, el testigo, que lógicamente iba preparado, cometió un error en un pequeño detalle. El acusado, en su declaración, alegó que aquel día trabajaron tanto que no tuvieron ni siquiera un minuto para parar a comer nada. No obstante, el testigo, quién lógicamente no puede escuchar la declaración del acusado, al realizarle la misma pregunta , contestó que tuvieron muy poco rato para comer por lo que fueron al supermercado a comprarse unos bocatas y unas bebidas. He ahí la contradicción que buscábamos. Señoría, no hay más preguntas.

ACE.

El derecho animal y la reforma del Código Penal

Hará unas dos semanas asistí por primera vez a un curso de derecho animal, impartido en el ICAV, por la gran especialista Raquel López Teruel, que tiene en Murcia un despacho especializado únicamente en esta rama del derecho, por cierto cada vez más en auge.

Sinceramente, cuando vi anunciado este curso, nunca imaginé el éxito que tuvo, la cantidad de gente interesada en esta compleja rama(lo es, aunque pueda no parecerlo), y sobre todo, la infinidad de casos de derecho animal que cada vez más, se presentan en nuestro día a día.

Escribo este post, además de por estar íntimamente ligado con el derecho penal, para exponer el paulatino cambio que afortunadamente está sufriendo la legislación que protege el derecho de los animales; pero sobre todo, para animar a las personas a que denuncien los casos que conozcan de maltrato o abandono animal.

Pues bien, desgraciadamente para los amantes de los animales como pueda serlo yo, siempre se ha hablado de una “cosificación de los animales”. Esto quiere decir que, a ojos de la ley, son considerados como cosas, como bienes muebles. No obstante, desde el año 2009, los animales son definidos en el Tratado de Lisboa como “seres sintientes”.

Así pues, desde la última reforma de nuestro Código Penal, se ha dado un pequeño paso hacia la defensa de los animales. Sin ir más lejos, respecto al abandono animal, estamos ante un nuevo DELITO tipificado en el artículo 337 bis del Código Penal. Antes constituía simplemente una falta, y prescribía a los 6 meses. Actualmente, constituye un delito, y prescribe al año.
Es importante que sepamos que el abandono animal es un delito público. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, absolutamente cualquier ciudadano que tenga constancia de que se ha producido un abandono animal, podrá y deberá ir a denunciarlo.

Debemos saber que los delitos contra los animales que expone el Código Penal son los siguientes:

Artículo 336: Envenenamiento y métodos de caza no selectiva
Artículo 337: Maltrato animal
Artículo 337 bis: Abandono animal

Pues bien, respecto al maltrato animal, es necesario aclarar que puede ser tanto maltrato físico como psíquico. Puede que, a primera vista, pueda parecernos imposible plantear la acusación de que un animal ha sufrido un daño psíquico. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Por supuesto que podremos alegar ese tipo de daño, siempre y cuando lo acreditemos con suficiente carga probatoria. ¿Qué prueba es clave en los casos de maltrato animal? La prueba más importante que deberemos conseguir es una pericial veterinaria.
Es crucial saber que deberemos servirnos de absolutamente todo lo que tengamos a nuestro alcance para forjar una carga probatoria suficiente: fotos, informes periciales, informes veterinarios, o in extremis de adiestradores, etólogos… lo que sea.

Con la reforma del Código Penal, se han añadido dos nuevas agravantes: en el 337.2 CP queda expuesto que las penas se impondrán en su mitad superior en los siguientes casos:

1.- Cuando algún menor se halle presente
2.- Ensañamiento
3.- Uso de objetos, armas, que causen mayor sufrimiento al animal
4.- Si el animal sufre la pérdida de algún órgano

Y, la segunda nueva agravante, contenida en el art. 337.3, se aplicará si el animal, como resultado del maltrato, fallece (6 a 18 meses de prisión).

Yo, como abogada, lógicamente pediría el máximo de pena. No obstante, prácticamente nunca se concede, aunque ahora ya estamos viendo los primeros casos de pena de prisión por maltrato animal. Pero, no debemos afligirnos, puesto que se pueden aplicar otra serie de medidas muy reconfortantes aparte de prisión o multa, como las siguientes: “ la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”.

La prohibición de tenencia de animales es extremadamente importante. No obstante, hasta que se dicte la sentencia que dicte dicha prohibición, pueden pasar años. ¿Qué ocurre entonces con los animales que están siendo maltratados durante esos 2 o 3 años?
Pues bien, debemos saber que podremos y deberemos solicitar lo que se denomina como “medidas cautelares”. Las medidas cautelares sirven para que durante la duración del procedimiento, se dicten resoluciones urgentes que impidan a los presuntos maltratadores, tener animales hasta que el procedimiento finalice.  

Por primera vez en España, y de la mano del despacho DeAnimals, se ha acordado por un juzgado una MEDIDA CAUTELAR O URGENTE en la que se prohibió la tenencia de animales durante todo el tiempo que dure el procedimiento judicial (Caso Bullas).

Es importante que sepamos que somos nosotros, los abogados, los que deberemos solicitar dichas medidas cautelares. No se podrán aplicar si no las solicitamos.

Espero que este primer caso de aplicación de una medida cautelar en un caso de maltrato animal en España, nos sirva para aprender que este tipo de medidas son necesarias, y que cada vez más, deberemos solicitarlas. Os animo a no conformarnos con una condena por maltrato animal, si no que, debemos hacer lo posible para lograr que se nos concedan este tipo de medidas, sin duda todavía nacientes en esta rama del derecho, para que poco a poco, se vayan abriendo camino y tomando así  la fuerza necesaria para luchar contra los delitos contra los animales.

ACE.

 

El sexting: un nuevo tipo penal

¿Qué pensaríamos todos si nos dijeran que, alguien ha difundido por Internet imágenes íntimas nuestras, con carácter sexual o no, y que sin embargo, no existirá responsabilidad penal para el responsable, ya que en nuestro Código Penal no hay un tipo que encaje con dicha conducta?

¿Qué pensaríamos de que los autores de la siguiente secuencia de hechos quedasen absueltos?

En día no concretado de la primera semana de enero de 2012, la menor, Amparo , envió a través de su móvil al también menor, Daniel -con el que salía por aquellas fechas- una fotografía en la que se mostraba desnuda, obtenida con la finalidad de que la utilizara de forma exclusiva y privada. Unas dos semanas más tarde y con ocasión de un partido de fútbol que el menor iba a disputar en la localidad de Albolote (Granada), alardeó en el banquillo en que esperaba con el resto de jugadores de su equipo, el “Vandalia de Peligros”, de estar en posesión de la referida foto de Amparo desnuda, y que se la iba a enviar a sus teléfonos a través de “whatsapp” para que se motivaran, cosa que hizo antes de comenzar el encuentro con al menos tres de sus compañeros que disponían de móvil, entre los que se encontraba el menor, Maximiliano, que sin consentimiento ni conocimiento de la fotografiada, la reenvió a través de “whatsapp” a la propia Amparo y a varias personas más, entre ellas, Rita, que también procedió a reenviarla a otro compañero del Instituto donde cursa estudios, obviando el consentimiento de la interesada y a sabiendas del daño que le causaba con la distribución inconsentida de su desnudo.” (Sentencia Audiencia Provincial de Granada de 5 de junio de 2004).

Pues bien, esta secuencia de hechos es real, quedando absueltos los acusados. Sucedió en Granada y la Sentencia se dictó hace menos de un año. Podríamos decir que es la primera sentencia dónde explícitamente se hace una referencia al denominado “sexting”. Situaciones de este calibre, eran precisamente lo que sucedía hasta hace muy pocos meses, antes de que entrasen en vigor las nuevas reformas de nuestro Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Hasta ese momento, en casos similares a éste (recordemos también, a modo de ejemplo, el mediático caso de Olvido Hormigos), la acusación intentaba, siempre en vano, encajar la conducta en el delito de “descubrimiento y revelación de secretos” del art 197 C.P. Sin embargo, finalmente siempre se terminaba absolviendo a los acusados, por no existir en el Código Penal un tipo que coincidiese perfectamente con la conducta realizada. No era posible encuadrar la conducta en ningún artículo del C.P.

Afortunadamente, hoy por hoy, podemos afirmar que este tipo de conducta, llamada “sexting“, ya ha sido introducida en nuestras leyes, concretamente en el apartado 7 del artículo 197 del C.P. Dice así:

Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.”

A lo que alude expresamente este nuevo tipo penal, es a los casos de obtención consentida de imágenes íntimas con difusión inconsentida posterior. Es decir, para ser castigado, no hace falta haber participado en la grabación o toma de las imágenes, basta con haberlas difundido sin el consentimiento de la víctima.Tampoco hace falta que el contenido de las imágenes sea imperativamente sexual, basta con que menoscabe la intimidad personal.

Esta es sólo una de las novedades que presenta nuestra legislación en materia de ciberdelitos. En próximos posts iré tratando el resto.

Es crucial en mi opinión que, hoy en día, ante la batalla a la que asistimos entre derecho y tecnología, el derecho supere a la tecnología, o esté, como mínimo, a su misma altura.

ACE.

El Caso Goetz y la legítima defensa

¡Hola a todos!

Para quien no lo sepa, el caso Goetz tuvo lugar en Nueva York en el año 1984. Sucedió que, Bernhard Goetz, un hombre blanco de treinta y seis años, al subir en el metro de NY, se topó con cuatro hombres negros que se le acercaron y le pidieron cinco dólares. Ante esta petición, Goetz simuló no haber escuchado nada, pero uno de los jóvenes volvió a repetirle que les entregase el dinero. Ante esto, Goetz abrió su chaqueta, sacó una pistola cargada y disparó a los cuatro jóvenes, quedando uno de ellos tetrapléjico, como consecuencia del disparo. Goetz se dio a la fuga, pero terminó entregándose nueve días más tarde.

El juicio a Goetz atrapó la atención de todo Estados Unidos y, sin duda, se convirtió en uno de los más mediáticos en EEUU. Fue acusado de lesiones y tentativa de asesinato, pero Goetz alegó que actuó en legítima defensa. Manifestó que sintió miedo por su vida, dado lo habitual que eran en Nueva York los atracos violentos producidos en el metro, sobretodo por personas de color. El fiscal hizo una pregunta clave al Jurado para explicar la legítima defensa : “¿Cuál hubiera sido la reacción normal de cualquier persona razonable? ¿Hubiese sido directamente la de disparar?”

Pues bien, el Jurado absolvió a Goetz de los cargos de lesiones y tentativa de asesinato. Simplemente fue condenado a ocho meses de prisión por tenencia ilegal de armas. Pasó a ser conocido como “el héroe del metro”, puesto que había dado su merecido a cuatro delincuentes, y había vengado a todas esas personas que vivían atemorizadas, por los episodios diarios de violencia, que acaecían en el metro de NY.

¿Dónde están los limites de la legítima defensa?

Ya el filósofo Carnéades de Cirene explicó mediante un experimento mental conocido como “la tabla de Carnéades”, el concepto de “defensa propia” en lo referente al asesinato/homicidio. Pues bien, el experimento es el siguiente:

Hay dos marineros que han naufragado, A y B. Ambos ven en el mar, una tabla de madera en la que poder apoyarse para sobrevivir, por lo que comienzan a nadar hacia ella. El problema es que sólo cabe uno de los dos. El marinero A logra llegar primero. El naufrago B, que va a ahogarse, empuja a A lejos de la tabla, lo que provoca que A se ahogue. El B consigue pues la tabla y se salva más adelante gracias a un equipo de rescate.

Este experimento plantea si el marinero B podría ser acusado de asesinato porque tuvo que matar a A para sobrevivir, o si, por el contrario, se le aplicaría la defensa propia.

Es muy difícil saber si en el caso de Goetz, verdaderamente actúo de esta forma porque sintió un fundado temor por su vida y no vio otra posible alternativa.

En mi opinión, creo que en nuestro país lo hubiesen condenado, al menos por lesiones. Aquí, los requisitos para que se pueda apreciar esta eximente de legítima defensa aparecen en el art. 20.4 C.P. :

Primero.Agresión ilegítima. La agresión será una acción humana libre, consciente y voluntaria que agreda un bien jurídico protegido (derecho vida, libertad sexual, etc) propio o de un tercero.

Segundo.Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión.  Es decir, si no existe otra opción más que emplear ese medio por no tener cerca a ninguna autoridad pública y también se tiene en cuenta la proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión.

Tercero.- Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Es decir, que la conducta del agresor no puede estar motivada porque previamente se le haya provocado.

¿Existe alguna figura afín a la legítima defensa que podamos alegar en un caso similar?

Una posibilidad sería la figura del “miedo insuperable”. El código penal alega que “está exento de responsabilidad criminal el que obre impulsado por miedo insuperable”.

Algunas Sentencias del Tribunal Supremo, 631/02,11 abril; 172/03, 6 febrero enuncian las condiciones que deberán presentarse para poder hablar de “miedo insuperable”:

 Que el sujeto obre impulsado por un miedo insuperable:

– Es decir, será necesario la presencia de un temor que coloque al sujeto en un estado emocional de tal intensidad que le prive del normal uso de su raciocinio, y provoque la anulación de su capacidad para autodeterminarse.

– Asimismo, se exige que el miedo este inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado, y sea insuperable por el sujeto, o lo que es lo mismo, invencible, en el sentido que no sea controlable por el común de las personas. Para calibrar la insuperabilidad del miedo, la Jurisprudencia acude a conceptos tales como “al común de los hombres y a la generalidad de las personas”, y es por ello por lo que la circunstancia de que tratamos no es aplicable a los timoratos, pusilánimes o asustadizos que se sobresaltan y atemorizan ante cualquier contratiempo.

–  Que el temor sea el único móvil de la acción

¿En qué se diferencian  entonces las figuras de legítima defensa y miedo insuperable?

Pues bien, aparentemente pueden parecer dos figuras idénticas. No obstante, hemos de saber que aquél que actúe en “legítima defensa”, lo hará con arreglo a derecho, puesto que será una causa de justificación legítima. Sin embargo, quien obre movido por “miedo insuperable”, no actuará legítimamente, sino antijuridicamente, puesto que el hecho en sí, continúa siendo ilícito, aun cuando después resulte exento de responsabilidad criminal.

ACE.

¿Cómo practicar un CONTRAINTERROGATORIO?

“Para entender que una respuesta es errónea no hace falta tener una inteligencia excepcional, pero para entender que lo erróneo es la pregunta, se necesita tener una mente creativa”
A. JAY

En el post de hoy, explicaré cómo deberemos practicar un contrainterrogatorio o cross-examination a un testigo. En primer lugar, comenzaré por aclarar unas nociones básicas que debemos conocer:

1.- Un testigo llevado a juicio es interrogado, en primer lugar, por la parte que ha decidido llevarlo. Este interrogatorio es llamado interrogatorio directo. Lo que ocurre normalmente, es que la parte que aporta a este testigo, ya lo ha preparado anteriormente, para que éste sepa que ha de responder. En todo caso, la parte que haya aportado el testigo, lo lleva precisamente, porque sabe que su testimonio le beneficiará.

2.- Así pues, el contrainterrogatorio es aquella técnica que realiza la parte contraria, después que el testigo haya sido objeto de un interrogatorio directo. Es la oportunidad que tiene la otra parte de demostrar que el testigo no es tan fiable como lo aparenta. Es la mejor oportunidad que se tiene para desmontar la prueba testifical presentada por la parte adversa. Elegir practicar un contrainterrogatorio es muy arriesgado, pues puede constituir un total éxito o un rotundo fracaso. A continuación lo veremos.

¿Cuándo deberemos efectuar un contrainterrogatorio?

Sólo deberemos efectuar un contrainterrogatorio cuando tengamos un objetivo claro y preciso que desde un punto de vista probatorio resulte relevante y sobre todo, sólo cuando creamos, por lo que hemos visto en el interrogatorio directo, o por alguna información externa que tengamos del testigo,  que tenemos posibilidades de lograrlo con éxito. Si en el interrogatorio directo, no hemos visto que existen elementos que puedan favorecernos, deberemos renunciar a practicar nuestro contrainterrogatorio. Recordemos que nuestro objetivo, es el de poner en duda la declaración del testigo, o si, conseguimos un contrainterrogatorio brillante, lograr invalidar su declaración.

A continuación pondré algunas reglas esenciales para interrogar. Están sacadas de la obra “El arte de la duda”, mi libro predilecto, del juez italiano Gianrico Carofiglio. Ahí van:

1.- No proceda a efectuar un contrainterrogatorio, si no existen perspectivas de obtener un resultado útil, esto es, si no hay nada que ganar en términos probatorios.

2.- El contrainterrogatorio procede si se puede obtener alguno de estos resultados: limitar los efectos negativos del interrogatorio directo; invalidar el testimonio atacando la fiabilidad del testigo; anular el resultado del interrogatorio directo, y la fiabilidad del relato.

3.- Interrogue con un objetivo claro y preciso.

5.- Interrogue sobre la base de un buen conocimiento de la situación: del sujeto a interrogar, de la impresión que ha causado en los jueces etc.

6.- Interrogue con cortesía. Sólo es lícito destruir la imagen del interrogado si ha mentido, pero no se si trata de testigos falsos involuntarios.

7.- No haga preguntas arriesgadas, esto es, preguntas que podrían llevar a una respuesta gravemente perjudicial para los intereses del interrogador

8.- No formule nunca preguntas de importancia crucial cuya respuesta no conozca o no pueda prever por pura lógica

9.- Cese de interrogar en el momento en que haya obtenido el objetivo que perseguía.

¿Qué ocurre si no sabemos parar a tiempo? A continuación pondré un ejemplo también sacado de la obra de Carofiglio: Estamos ante un testigo que presenció la pelea entre el acusado, que estaba imputado por haber mordido a la víctima y haberle arrancado un trozo de la oreja. Ya se había practicado el interrogatorio directo, y ahora le tocaba al defensor practicar el contrainterrogatorio para poner en duda su fiabilidad.

Abogado: Así pues, ¿afirma usted que mi cliente le arrancó la oreja al ofendido?
Testigo: Sí.
Abogado: ¿A qué distancia de la pelea se encontraba usted?
Testigo: A unos 20 metros, o puede que algo más.
Abogado: ¿Qué hora era, más o menos?
Testigo: Las 9 de la noche
Abogado: Y ustedes estaban fuera, en el aparcamiento del supermercado, ¿es exacto?
Testigo: Sí, exacto.
Abogado: ¿El aparcamiento estaba bien iluminado?
Testigo: No mucho
Abogado: ¿Podemos decir que sucedió todo medio a oscuras?
Testigo: Pues sí, algo así, vamos, que no había mucha luz.
Abogado: En tal caso, permítame usted recapitular: los hechos ocurrieron a las 9 de la noche, en un aparcamiento mal iluminado, y usted se encontraba a más de 20 metros del lugar preciso donde se estaba desarrollando la pelea. ¿Es exacto?
Testigo: Exacto.

Pues bien, en este momento, el interrogador debió haber parado, pues ya había conseguido un buen resultado: había logrado poner en duda que, el testigo, dadas las malas circunstancias, hubiese podido ver como el acusado le arrancaba la oreja al perjudicado. No obstante, este interrogador cometió el error de seguir, y echó así a perder todo el resultado.

Abogado: ¿Y pretende usted hacernos creer que en esas condiciones le fue posible ver cómo mi cliente le arrancaba a su adversario un pedacito de la oreja?
Testigo: Pero es que yo no le vi arrancárselo…
Abogado: Entonces, ¿cómo sostiene usted que…?
Testigo:… yo lo que vi fue cómo luego lo escupía.

Y por último añado una regla que aprendí en los juicios a los que asistí el pasado año:

10.- La última pregunta que realicemos al interrogar, siempre ha de ser la más brillante, o la que en mejor lugar deje a nuestro cliente.
Pondré un ejemplo de un juicio al que a nuestro cliente se le imputaba por una tentativa de homicidio:

Durante las intervenciones de la acusación, se habían tomado mucha molestia en alegar continuamente, que el acusado tenía ya antecedentes penales, con el fin de demostrar lo ” mala persona que era”. Pues bien, la defensa, al interrogar a su cliente, terminó su interrogatorio de esta manera:

Abogado: “Señor X, continuamente a lo largo del juicio hemos estado escuchando repetidas veces, por parte de la acusación, que ya se sabe que clase de persona es usted, por tener antecedentes penales. ¿Puede confirmar usted, si esos antecedentes que tan cruel y desalmado lo hacen, son por robar un carburador de una moto?
Cliente: Así es.
Abogado: Señoría no hay más preguntas”.

ACE.